Octubre / 2008
La fracción del PRI en la Cámara de Diputados propuso al Presidente Felipe Calderón "hacer un alto en el camino" para redefinir la política de combate a la delincuencia, en la que se establezca un "blindaje" al Ejército mexicano y se privilegien las acciones de inteligencia y prevención. El diputado federal José Aispuro Torres, sostuvo que el nivel de violencia e inseguridad que se vive en algunas regiones del país es insostenible, por lo que se requiere un nuevo enfoque al combate de los grupos delictivos y los cárteles de la droga.
A nombre de la bancada del PRI, explicó que se requiere una estrategia donde desaparezcan los anuncios y el enfoque mediático, ya que es imposible detener o revertir el avance de la delincuencia cuando se anuncian previamente los operativos que se instrumentarán.
"No podemos ganar esta guerra con una mala estrategia mediática, donde anuncias todo, hasta el número de efectivos y los municipios donde los militares van a instrumentar operativos", expuso el legislador.
En entrevista en San Lázaro, el legislador federal por Durango dijo que se ha dejado a los estados y municipios "prácticamente con las manos atadas" en el combate a la delincuencia, por lo que se requiere una política y una estrategia que involucre a los tres niveles de gobierno.
Sostuvo que existe una aplicación discrecional del fondo "Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal" por las secretarías de Hacienda y Seguridad Pública, por lo que se requiere fortalecer a las regiones para que puedan combatir a los grupos delictivos.
Aispuro Torres destacó que los 5 mil millones de pesos aprobados para dicho fondo en el Presupuesto de Egresos 2008 son insuficientes, ya que hay municipios con graves problemas como el combate al narcotráfico y sólo cuentan con tres policías, y en algunos no hay armamento ni patrullas.
Lo que parece ser la consecuencia lógica del actual combate al narcotráfico es lo que se puede identificar como el cierre de la pinza mediática, en torno a enfrentar a las bandas criminales y en especial al narcotráfico.
Si bien, una de las acciones en esta cruzada es atacar directamente a los capos mediante enfrentamientos que se han registrado en los últimos meses, también lo es cerrar las filas del ejército y el Gobierno Federal por medio de un "pacto" social entre los principales agentes políticos y sociales.
En este sentido ya se dio un primer pronunciamiento entre los principales medios de comunicación a instancias de declaraciones del Presidente Calderón, que fueron seguidas por la presentación y aprobación de la Iniciativa Mérida.
Estos elementos configuran esa especie de pacto que se está gestando, y ahora le tocó el turno nada menos que al PRI, que para decirlo claramente es el partido que en el Congreso se encuentra dominando la mayoría de las decisiones y de las iniciativas que hasta el momento se han dado.
Ahora, el pronunciamiento de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados no va precisamente en sintonía con las anteriores acciones, sino pretende ser una especie de advertencia de haber errado el camino o de un posible descalabro a consecuencia de la estrategia mediática fallida.
Esa posición causa cierta duda de que ese importante instituto político comparta el esfuerzo que el Estado intenta hacer. No es de extrañar que no pocos militantes priístas estén más que mezclados con el narcotráfico y funcionen como elementos y herramientas al servicio del crimen.
El tema no es nuevo, ahí existen diversos señalamientos que se han hecho en este rubro, como los del ahora coordinador de los diputados priístas, Emilio Gamboa, con Marcela Bodenstedt, presunta integrante del cártel del Golfo.
Por lo menos, la duda está sobre algunos miembros de ese partido y que se encuentran en el Congreso. Y es que la resistencia del crimen organizado no escatimaría para hacer lo propio mediante sus enclaves que se encuentran en prácticamente todas las áreas de la sociedad. Tan es así, que se encuentra en el debate la participación del dinero del narco en las campañas políticas para la compra de favores.
Los efectos de la ingerencia que el poder del narco puede desatar son muchos y grandes. La necesidad de lograr un pacto, a pesar de agentes políticos como el PRI, constituirá un reto cuyo tejido fino en la política legislativa se puede realizar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario