Autor: Víctor Manuel Barceló R.
La conformación de un Plan de Desarrollo Sustentable regional debe ser compromiso compartido entre sociedad organizada y los tres órdenes de gobierno, a saber: municipal, estatal y federal. En el caso de Tabasco, este tipo de Planes consideraría a los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca y Veracruz, si lo apreciamos en relación a las cuencas que se vinculan entre sí, y comprenden el más importante sistema hidroeléctrico del país. Pero esto queda, desafortunadamente, fuera del foco actual de la política, misma que parece empezar a entender la urgencia de atender puntualmente, temas que se corresponden con afectaciones graves a la vida y propiedades de grupos humanos asentados en zonas de alta siniestralidad y riego. Es el caso de las inundaciones cíclicas y extraordinarias -como la que acaba de ocurrir en Tabasco-.
Se hace urgente la estructura y puesta en marcha de un Plan de Desarrollo Sustentable para Tabasco, que se inicie a la brevedad en dos rutas: la conformación precisa del Atlas de Riesgos -puede ser municipal o regional- y junto a ello, la organización de la sociedad como base y sustento de la protección civil.
La segunda ruta sería -con la urgencia que permita su atención inmediata- la precisión de proyectos de infraestructura básica, que por encima de intereses de toda índole, eviten los resultados de las contingencias vividas traumáticamente por amplias capas de población, con el fin de llevar al Estado a etapas de equilibrado bienestar para que, a la vez, no sólo continúe aportando sus valiosos recursos en beneficio de otras regiones del país y de transnacionales, sino que los transforman fuera de nuestro territorio, retornándolos a precio de oro.
Quedemos entendidos que la lucha por el poder no debe cegarnos para olvidar intereses superiores de los pobladores, sobre todo de aquellos que viven, ahora cotidianamente, en situaciones de emergencia. Cuesta más al país la reconstrucción cada vez que se sufre una contingencia de grandes magnitudes, que la atención con obra -en este caso hidráulica- seria y penetrante, para resolver el fondo de las razones que llevan a esos resultados negativos.
La gente quiere mejorar sus condiciones de salud, educación, alimentación, vivienda, empleo, seguridad. Esa es la meta que debe proponerse la operación, construcción, conservación de cualquier proyecto de infraestructura. La rentabilidad debe considerar, en paralelo, nuevas formas de bienestar ciudadano, pero también un buen uso de sus resultados para proyectos productivos -en agricultura y ganadería, pesca, y sus cadenas respectivas, como en otras actividades- sin perder de vista la conservación del medio ambiente, con un sentido generoso para todos los seres vivos que lo habitamos.
Este es compromiso profundo del gobierno en sus tres órdenes -municipal, estatal y federal-, recayendo en el último, tanto por compromiso contraído públicamente, como por ser asunto de seguridad nacional, el aporte de recursos urgentes, contra pedido de estudio de preinversión, o de inversión, cuando el estudio esté listo. Debemos estar atentos a que estas posibilidades se concreten, por el bien de la nación y sus porciones en el sureste del país.
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