Por: Enrique Galván-Duque Tamborrel
Enero / 2010
De 2000 a 2009, el Congreso se desligó del dominio del poder presidencia impuesto por la hegemonía de la Trinca Infernal (PNR-PRM-PRI) que por décadas lo anuló, y emprendió un proceso de fortalecimiento –o mejor digamos de aprendizaje-- que ha tenido dificultades y choques con el Ejecutivo, al que en la actualidad le cambian iniciativas o las congela a su gusto. La libertad y autonomía de que ahora gozan les ha caído como juguete nuevo y han caído en una especie de libertinaje legislativo, con detrimento obviamente del país.
Se puede advertir que instituciones que surgieron de la transición democrática, como el IFE, la CNDH o el IFAI, por la acción misma del Poder Legislativo están ocupadas por intereses de grupo, por cuotas de partidos políticos, por los llamados poderes fácticos.
Es notorio que el Congreso está capturado por poderes fácticos, que incluso en la 61 Legislatura tienen representados sus intereses con integrantes de bancadas pequeñas.
La primera década del siglo en el Congreso de la Unión ha sido de paradojas, pues pasó del presidencialismo autoritario, al presidente doblegado por los legisladores, quienes no han sabido o querido –para el caso es lo mismo-- actuar con responsabilidad democrática.
Las cámaras legislativas que han cobrado fuerza frente al Poder Ejecutivo, carecen absolutamente de una estructura y reglas modernas. Sobre todo no se tiene un régimen que debe garantizar la formación de mayorías como lo dicta un sistema democrático
Otra paradoja es que la institución que dio la ley de transparencia a la democracia es opaca y discrecional en el ejercicio de su gasto.
Si el poder del Congreso de la Unión es creciente, el nivel profesional de los legisladores, notoriamente es muy bajo, y en consecuencia también el trabajo de las cámaras que lo componen.
Hace una década, el país era gobernado por el último presidente del PRI, Ernesto Zedillo Ponce de León, quien sin embargo no tenía, desde el año 1997, la mayoría del Congreso, por lo que el país presenció las dificultades naturales a un gobierno dividido.
México pasó de la hegemonía del PRI a un juego en el que el Ejecutivo pertenece a un partido distinto al que domina el Congreso.
En la 57 Legislatura, de 1997 a 2000, el G-4 (PAN, PRD, PVEM y PT) al sumar sus curules, impuso una mayoría de 261 diputados, sobre 239 del PRI.
Zedillo tuvo que enfrentar la resistencia de los diputados y senadores, hasta para las solicitudes de viajes al extranjero, así como la revisión del Presupuesto. ¡Y claro!, en un país acostumbrado a que el presidente en turno hacía y deshacía a su antojo, todo el tinglado se descontroló.
Fueron los tiempos en que se dieron reasignaciones de 17 mil millones de pesos, en siete grandes modificaciones, contra el proyecto del Ejecutivo, que logró la oposición, a pesar de que el PRI logró hacerse de un par de votos.
Al cierre de la década, en noviembre de 2009 –continúa el vicio de cerrar las décadas en nueve y no en cero como es lo correcto, pero en fin, seguimos con nuestro tema-- los cambios al presupuesto fueron innumerables, por decenas de miles de pesos, y la rueda de la fortuna había dado un giro: era el PRI, que militaba en la oposición al Ejecutivo, que con mayoría cómoda dictaba ajustes y quitaba candados al gasto.
En 2000, previo incluso a la alternancia presidencial, la forma de ejercer el poder había cambiado en México. Los tiempos en que el presidente ordenaba y el Legislativo complacía, aún con resistencias, habían concluido. Reformas como la que aumentó el IVA de 10% a 15%, que realizó la última mayoría absoluta priísta –cuando la famosa Roque-señal--, ya no volverían a darse.
En lo subsecuente, el Congreso, en ambas cámaras, iba a ser una arena política de reformas enlatadas —como un primer intento de Zedillo por modernizar la industria eléctrica—, mientras que con Vicente Fox la relación fue de choques frecuentes y de cambios frustrados. Aún así Fox logró dar un giro importante a los usos y costumbres mexicanos, aunque haya muchos, empezando por los medios informativos –quienes por cierto le tienen un odio a ultranza y por demás inexplicable, no le perdonan una-- que le regatean ese mérito.
En 2006, ocurrió la sacudida del sistema político con el conflicto por la elección presidencial, que tuvo su epicentro en la tribuna de San Lázaro, en la caótica rendición de protesta como presidente de Felipe Calderón. Acción por demás vil de los seudo izquierdistas, siguiendo el mandato de su majestad AMLO.
En los siguientes tres años, Calderón y las cámaras abrieron una fase de realizaciones relativas, llamado de reformas "posibles", que a nadie dejaron satisfecho y fueron el preámbulo al anuncio de otra etapa, el de las reformas "necesarias".
Hay algunos prestigiosos investigadores, como José Fernández Santillán, director del Centro de Investigaciones en Humanidades del Tecnológico de Monterrey, y Alberto Aziz Nassif, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, que destacan el descrédito de los legisladores.
El primero atribuye la baja calificación de los congresistas en la opinión pública, a las campañas de las empresas de televisión, afectados por la reforma de medios. Aunque yo considero muy suave ese juicio, ya que realmente se debe a la poca capacidad demostrada.
El segundo dice que los legisladores y sus partidos están alejados de los electores, sólo los necesitan en las urnas. Yo agregaría que más parecen busca chamba, careciendo totalmente de la mística de servir a pueblo que supuestamente representan.
El momento actual, al cabo de una década de relación de poderes, es crítico. "Estamos en el peligro —comenta Fernández— de que el esquema de gobierno dividido se transforme en uno de gobierno bloqueado". Por tanto, hay que dar paso a la reforma política, que pasa por las estructuras del Congreso. Pero esto está supeditado a que quieran y tengan ganas los señores legisladores.
"Hay una reforma proyectada para el Poder Legislativo, para fortalecer a las comisiones legislativas, que sus trabajos sea más ágiles, que haya la profesionalización del servicio civil legislativo, y se cuente con más órganos de apoyo". Lo mismo, a ver si quieren y tienen ganas.
Después de la primera década del siglo XXI, según asegura Fernández, "caminamos a una desembocadura, al ansiado equilibrio de poderes, pensado por Montesquieu: Sólo hay que darle la forma jurídica necesaria", pero ahí está el problema, porque mientras las cosas sigan como están se vislumbra difícil lograrlo.
Aziz Nassif da cuenta de los impactos positivos para la vida parlamentaria y democrática del país, que pueden derivarse de la siguiente generación de reformas: Construcción de mayorías parlamentarias que sustenten agendas legislativas, reelección de legisladores, veto parcial, iniciativa preferente, transparencia y rendición de cuentas. Además, algo de suma importancia, un verdadero sentido de responsabilidad.
Los mecanismos están a la vista y es necesaria su adopción, aseguran los politólogos, pues ya "estamos cayendo en una gobernabilidad muy incierta, en una inestabilidad de formación de mayorías que afectan el funcionamiento del Congreso de la Unión".
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