Más tardaron los funcionarios de la Secretaría de Gobernación en redactar la parrafada con la que el gobierno pretendió responder al informe 2010 de Human Rights Watch, en el capítulo México, que José Miguel Vivanco en colocarlas públicamente en su justo lugar: "es un discurso angelical". Y no soy de los que subestimo el valor de un discurso comprometido con la defensa de los derechos humanos, de parte de uno u otro gobierno, aclaró el director de HRW para las Américas a Carmen Aristegui Flores. Más aún, dijo que lo prefiere frente al que rehúye un compromiso aunque sea sólo verbal. Pero también estableció que existe un divorcio entre las palabras y los hechos del gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. El informe de 612 páginas, en el apartado mexicano, corrobora al detalle lo que aquí denominamos, sin necesidad de cuidar formas diplomáticas, "desastre en materia de derechos humanos", sobre todo a partir del 11 de diciembre de 2006 en que bajo el nombre de Operativo Michoacán comenzó la Guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado que arroja más de 17 mil muertos. Y de 67 mil detenidos sólo ocho eran jefes, 50 operadores financieros y 65 lugartenientes del narcotráfico, hasta el 19 de noviembre pasado. Sin ocuparse de la constitucionalidad o no del uso de las fuerzas armadas en tareas policiacas, porque a su juicio no le compete, el informante Kenneth Roth, director ejecutivo del organismo global, estableció que la cantidad de denuncias contra el Ejército, formuladas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, creció 600 por ciento entre 2006 y 2008. Y tan sólo en el primer semestre de 2009, se registraron 559 denuncias. Una revisión hemerográfica sobre los meses restantes arrojaría un panorama todavía más alarmante, en un país donde la denuncia ministerial y ante la CNDH es absolutamente marginal, en buena medida por el miedo, el pavor, que provoca la milicia, pero los panegiristas e imagólogos del alto mando castrense generalmente lo presentan como respeto. Es un pavor ganado a pulso porque frecuente es el empleo de la coacción para que los denunciantes retiren las denuncias. HRW no tuvo empacho en llamar por su nombre a los resultados dramáticos y sangrientos del inconstitucional despliegue de la Secretaría de la Defensa Nacional en tareas de seguridad pública. Dictaminó: "continúan cometiendo abusos aberrantes". Y frente a tales ilícitos se "permite sistemáticamente que las fuerzas militares se investiguen a sí mismas a través de un sistema de justicia militar que garantiza la impunidad de los abusos cometidos por el Ejército". El uso generalizado de la tortura y el maltrato por las autoridades encargadas de aplicar la ley, amén de que no juzgan adecuadamente los delitos, son las características que HRW localizó en el sistema justicia penal mexicano. También registró los 128 casos de violencia e intimidación contra defensores de los derechos humanos, cometidos desde 2006, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas; el asesinato y la desaparición de periodistas como prácticas ordinarias; el notable incremento de la autocensura y, finalmente, la indefensión jurídica de las mujeres y las niñas frente a la violencia doméstica y el abuso sexual. A los escribanos de Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta, el secretario de Gobernación que con frecuencia ignora el significado de las palabras que usa, se les ocurrió responder con el siguiente párrafo cínico: "La administración del presidente Felipe Calderón continuará trabajando por promover, defender y transversalizar en todos los ámbitos la cultura de derechos humanos, con el objetivo de consolidarla como una política de Estado". Amén.
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