viernes, 11 de septiembre de 2009

Este México nuestro, ¡Sí, de los mexicanos!

Por:Enrique Galván-Duque Tamborrel

Cambia el gobierno, hay escándalos por doquier reclamando el recuento de votos. Los tres podres de la Unión, todo se reclama, nadie se escapa. Siempre estamos prestos a gritar, vociferar, descalificar, qué se yo. El caso es que siempre hay que reclamar. Aparece una nueva modalidad, figura en la cédula el seño ‘X’, pero en realidad no es ‘X’ sino ‘Y’, lo que quiere decir que si gana ‘X’, es como si ganara ‘Y’, entonces ‘X’ debe pedir licencia –no hay de otra porque los puestos de elección son irrenunciables--, entonces, después, si el Jefe de Gobierno quiere –aquí está el quid--. Propone en la Asamblea a ‘Y’, y si esta acepta, licencia y propuesta, entra a ocupar el cargo ‘Y’ en lugar de ‘X’. Pero no se hagan bolas, pues: X – X + Y = D, siendo D en Jefe de Delegación.
Pero resulta que a ‘X’ le empezó a gustar salir en las cámaras y centro de la atención mediática, que oiga usted, quiérase o no ensoberbece. Así es que abiertamente y con los pantalones bien puestos le dijo a ‘Y’ y al partido postulante, si renuncio pero me aseguran la mitad de los cargos, no es para mi es para mi gente. Así se ve que eso de los pobres primero es puro cuento, lo que cuenta es el chambismo, la chamba pues. Esto hace que la ecuación cambie: X – X/2 + Y-Y/2 = D, siendo desde luego que ‘X’ equivale a ‘Y’, lo cual está por verse, aunque la gente, hasta ahorita lo da por hecho.
De este margallate, sainete, farsa o lo que sea que usted quiera, nos vamos a la Cámara de Diputados, que también se traen lo suyo. Durante la primera sesión, apenas empezaban a ambientarse los diputados integrantes de la LXI legislatura, cuando ¡zopa! Que 8 diputadas de Partido Verde, 1 diputado del PRD y otro del PRI, orondamente, mejor dicho: conchudamente, pidieron licencia para dejar la curul en manos, o mejor ducho en el trasero de su suplente. ¡Qué cachaza! Seguramente se asustaron por trabajo que prometió a desarrollar el Congreso, o se cansaron por anticipado, que se yo, pero el caso es que pidieron licencia. Este grupo de seudo legisladores lo único que demostraron es que son fraudulentos, engañaron a la gente que por ellos votó, además que le gustó el juguito de ‘X’ y ‘Y’, antes relatado.
Pero ¿qué pasa? Estoy escribiendo esto el día 8 de septiembre, y me acabo de enterar por las noticias que ‘X’ se queda, así es que ‘Y’ se queda papando moscas, al menos que acepte colaborar con ‘X’. Parece ser que es el final del sainete de Iztapalapa, ¿será posible tanta belleza? Lo veremos en los próximos días. Además, todavía falta oír lo que diga al respecto Su Majestad el Rey Lopitoz (AMLO).
Pero con verdaderas ganas de sacudirme de todo eso que más parece una telenovela chusca que hechos de la vida real, paso a lo medular de este trabajo.
Empieza a trabajar (¿será?) la LXI Legislatura. Nuevamente el PRI es el mandón, todos prometen muchas cosas, entre ellas entregar la vida por sus representados, cosa por demás bella, lo malo es que nadie lo cree. El Presidente Calderón llama a la unidad democrática, cosa por demás fácil, claro, si se quiere, lo malo es que nadie quiere, todos quieren sacarle ventaja al vecino, pero como este no se deja ahí empiezan los jaloneaos y la desunión. Y qué pasa entonces, pues que a México se lo sigue llevando la tía de las muchachas, por decir lo menos. Decía un pensador europeo: “A que mexicanitos tan relajientos y desunidos”. El caso es que todos, menos los legisladores, y menos los radicales, que son muchos, al mando de don Gerardo, sí, el brillante Fernández Noroña, ¡oiga usted, nomás eso faltaba!, dijo mi compadre Mamerto.
Una reforma fiscal integral, sobre la base de dar más atribuciones en materia de recaudación a los estados y al Distrito Federal, es parte de las propuestas para mejorar la situación del país, surgidas del reciente congreso de la agrupación Avanzada Liberal Democrática.
En la Cámara de Diputados se frustraron las negociaciones con la finalidad de que el presidente Felipe Calderón acudiera a San Lázaro a entregar personalmente su tercer Informe, pero como no fue así, fue el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. (...) En sus reuniones preparatorias, la bancada del PRI, encabezada por Francisco Rojas Gutiérrez, preparó la agenda legislativa, en la cual los aspectos económicos son los más urgentes.
Me eché un maratón televisivo de una serie histórica de la época brillante de Roma. Como es natural, dado que la historia se empolva con la mente, la natural inquietud producida por las dudas que surgen al recordar tal o cual personaje de la historia, me llevó a los libros de historia. Gracias a que conservo una magnífica obra (26 tomos) de historia universal, se me facilitó hacer tantas consultas como dudas surgieron. Lo que ya no me ayuda mucho es la vista, mis ojos cansados ya me obligan a leer con lupa, lo cual no deja de ser cansados, pero pues ni modo, son gajes de la edad.
Inevitablemente, la historia se interpreta. Se estudia, se lee, se aprende, pero también forma parte de nosotros; nos la apropiamos para tratar de entenderla allá, en su propia dimensión; pero también para intentar comprendernos a nosotros mismos y a nuestro entorno. Y de esa experiencia no se puede salir indemne, no se puede "salir" "igual" que como se entró, a menos, claro está, que sea uno demasiado joven, demasiado ignorante o demasiado tonto, o las tres cosas al mismo tiempo.
Estamos en un momento histórico de la vida de nuestro país. Concluyó sus labores la LX Legislatura e inicia sus trabajos la LXI; sería deseable que la forma de hacer política hubiera cambiado un poco en estos dos mil años.
Va uno y se da un paseo por la Roma de Mario, de Sila, de Pompeyo o de César; asiste uno a los convites a donde concurría Cicerón; saluda uno a Bruto (el hijo putativo de César, no confundir) o nos cautivamos por la apostura y fina inteligencia de Octavio y no hay remedio: Desde entonces, poco o nada ha cambiado el modo de hacer política. Pan y circo, mentiras, corrupción y traiciones a la orden del día...
Excepto en un detalle obvio: Ya no se mata con tanto desparpajo. ¿O sí...?
Salvo esa minucia, pareciera que no ha cambiado la cosa. ¿De qué se puede jactar la LX Legislatura del Congreso de la Unión que recién acabó? Salvo una reforma estructural de fondo a la Ley del ISSSTE, una dizque reforma (dentro de lo posible) energética y una polémica reforma electoral muy lejos de haberse consolidado, ¿qué le dejan a México estos 500 señores y señoras que se van? Lo digo así, en montón, pues es evidente que existen hombres y mujeres muy valiosos en todos los partidos; trabajadores, honestos, respetuosos de la ley. Pero insisto, ¿qué lega esta Legislatura fenecida a su país?
¿Qué pasó con la reforma fiscal; ésa que venga a alentar la inversión nacional y foránea, a bajar el elevado costo de la recaudación de impuestos, a redistribuir las responsabilidades entre la Federación y sus partes, y a repartir de mejor forma los ingresos del Erario federal?
¿Dónde está la reforma energética? (Pero en serio, no de mentiritas). ¿Dónde la postergada reforma laboral, sin la cual ningún empresario extranjero en sus cabales va a invertir en México? ¿Dónde la reforma a medios? ¿Y el sistema de créditos? ¡¿Y la seguridad pública?! ¿Y la reforma educativa? ¿Y la ciencia y la tecnología? Ninguno de estos temas cruciales para el futuro de nuestra nación formó parte de ninguna agenda legislativa. Y si sí formó, no se supo; y si sí se supo, no funcionó.
El día 2 de septiembre, el Presidente Calderón habla con toda crudeza y franqueza acerca del estado actual de la nación y hace un llamado abierto y sin tapujos del papel que jugamos todos en este nuestro México; de lo que a su juicio debemos hacer todos, haciendo a un lado todo interés partidista, “todos somos mexicanos y remamos en la misma barca”. “No pretendo dividir, sino al contario, sumar esfuerzos, sin menoscabo de las ideología de cada uno, que finalmente es un derecho inalienable de todos y cada uno de los mexicanos”.
¡Ah, pero hay que leer y repasar las diversas declaraciones de los presidentes de los partidos! Todas, sin excepción, tratando de jalar agua a su molino, sobre todo, para variar, los radicalistas. Y claro, con esto le dan cuerda a los eternos negativos, que se sueltan las greñas y casi llegan a acusar a Calderón, ya no de ilegítimo, sino hasta de traidor.
¿Y esta Legislatura? Comienza mal si empieza con el debate zonzo que obligó al Presidente de la República a postergar su mensaje; si el informe Presidencial debe ser entregado por el Secretario de Gobernación. Mal si este juego de "vencidas" tiene en vilo a 110 millones de mexicanos (con todo el derecho a oír el informe de su Gobierno), porque un puñado de farsantes no se pusieron de acuerdo si era el 1 o el 2 de septiembre. Mal si un Diputado (Fernández Noroña) llega con aire de perdonavidas y empieza a amenazar al primer mandatario de esta nación; mal, si el Presidente de un partido (el del PAN) descarta iniciativas y reformas que la Presidenta de su misma bancada insinúa. Mal si los mexicanos, en vez de asumir el papel de partícipes en el quehacer nacional para levantar a nuestro México, les preocupe únicamente el TRI y se desgarren la camisa e ir al Ángel de la Independencia a echarse dos que tres (?) tragos y echar el grito a todo pulmón: ¡VIVA MÉXICO JIJOS DE LA…!
En el siglo I el poeta romano Décimo Junio Juvenal (Aquino, actual Italia, 60 d.c.; Roma, 128 d.c.) en su Sátira ‘X’ (81), escribió la frase «Panem et circenses», que en su origen describía la costumbre de los emperadores romanos de regalar trigo y entradas para los juegos circenses (carreras de carretas y otros) como forma de mantener al pueblo distraído de la política.
Julio Cesar mandaba distribuir el trigo gratuitamente, o venderlo muy barato, a los más pobres, unos 200,000 beneficiarios. Tres siglos más tarde, Aureliano continuaría la costumbre repartiendo a 300,000 personas dos panes gratuitos por día.
Como están las cosas en nuestro México, pareciera que vamos derechito al “Panem et circenses” (Pan y Circo), habrá que ver a quien echan a los “leones”. En la actualidad equivale a “Pan y Toros”, “Pan y fútbol”, “Pan y pachanga”, etc.

Programas asistenciales para adultos mayores en iudad Ixtepec

Por: Enrique Galván-Duque Tamborrel

En Ciudad Ixtepec hay dos programas asistenciales para adultos mayores, el de la “despensa mensual” y el “70 y +” que otorga $1000 (UN MIL PESOS) bimestralmente. El primero es estatal a través del DIF y coordinado por “Unidades Móviles”; el segundo es federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

Como todo programa asistencial, ambos son loables, pero pierden esa calidad por la forma que tienen de operarse, ya que para entregarse imponen condiciones harto difíciles para quienes son destinados: los viejos. El primero es para todos los adultos mayores (60 años o más), y el segundo, como su nombre lo indica, es para mayores de 70 años.

La entrega de despensas se lleva a babo en un solo día en las instalaciones del DIF Municipal. En el municipio hay (según datos del INEGI) aproximadamente 2000 adultos mayores. Así que es fácil imaginar lo cansado, con menoscabo de la salud de no pocos viejos, que resulta. Además de que también no pocos viejos, por angas o mangas e inesperadamente, no pueden asistir a recoger su despensa y por ende la pierden, dado que sólo es un día y no hay más.

El programa anda por lo mismo. En Ciudad Ixtepec hay aproximadamente 1500 personas de más de 70 años, y quieren entregar el donativo también en un solo día. Aquí el problema se acrecienta dado que debe ser el beneficiario personalmente el que lo reciba, no hay de otra. Además, la autoridad municipal les designó el local pomposamente llamado “Auditorio Municipal”, que aparte de que está construido con los pies –perdonando la expresión-- carece de una ventilación adecuada y se sanitarios. Meter 10 o 12 horas a cerca de 2000 personas –tomando en cuenta que por la edad y la condición de discapacidad de algunos, obviamente van acompañados por alguien de su familia--, con las carencias de servicios anotadas, es un verdadero crimen.

Así las cosas, los susodichos programas tal parece que no se quieren dar, lo que de entrada se antoja pura demagogia.

Por otra parte, de entrada se antoja que puede haber otras soluciones más flexibles en su operación, de tal manera que se flexibilicen y se tornen al alcance de los viejos y no sometan a estos a un verdadero martirio. Pero en esto afloran problemas por las condiciones atávicas que prevalecen en la mayoría de las personas.

Por ejemplo, se puede considerar que si la autoridad municipal tomara en sus manos la entrega podría flexibilizar esta, pero resulta que hay una desconfianza que raya en lo sublime de los que coordinan los programas hacia las autoridades. Y esto es calor, si así especulan y enredan sin deberla ni tenerla a la autoridad municipal, no es difícil imaginarse lo que sería si esta manejara este aspecto. En síntesis, no se puede avanzar en este aspecto por esa superlativa desconfianza de unos y otros.

Hay otro aspecto por demás lamentable. Muchos de los beneficiarios de uno y otro programa, quizás sea la mayoría, por necesidad soportan cualquier sacrificio sin chistar, con verdadero estoicismo, las condiciones que le imponen para recibir el donativo que le corresponde. Aguantan sin chistar, y de esto se valen los coordinadores para abusar de ellos, abusan de la ignorancia y la necesidad de la gente, y esto es un verdadero crimen.

Alrededor de esto afloran muchas circunstancias por demás lamentables y hasta deprimentes. Se antoja que los encargados de operar estos programas son verdaderos caciques; se olvidan que los beneficiarios son gente vieja y que la ayuda verdaderamente la necesitan.

Sin embargo han surgido muchos comentarios. Sobre lo de las despensas, en general sobre el sacrificio que significa hacer colas durante muchas horas para recibir la mentada despensa. Sobre el programa 70 y +, un hombre de 79 años: “realmente me ayuda mucho el dinero que otorgan, pero el desgaste físico que se sufre lo rebasa”. “Deberían de llamarlo: 70 y más pronto te mueres”. “Sale más caro el caldo que las albóndigas”. Además, se presento el caso de dos personas de más de 80 años que se debilitaros tanor, después de más de 12 horas en ese horno, que tuvieron que atenderlos de urgencia en el hospital. Otro que regresó a su casa, arrastrando los pies, que trastabilló y se cayó, haciéndose una herida y mereció sutura.

Pero a toso esto, no hay voces que se levanten y pidan que pidan que se humanicen estos programas asistenciales, para que verdaderamente cumplan sus cometidos y se enfoquen adecuadamente al objetivo para los que fueron creados: LAS VIEJAS Y LOS VIEJOS.

Entre tantas ideas que pueden surgir, quizás una aplicables, otras no, prevalecen dos, una para lo de las despensas: la zonificación de las entregas, con esto se facilita en acceso y se agiliza. La otra, para la entrega de dinero del 70 y +, apoyarse en las instituciones y programar la entrega los cinco días un una semana por riguroso orden alfabético, cinco horas cada día. En fin, buscarle con decisión de encontrarle solución y no cerrarse obtusamente.



En respuesta al reto del Presidente Calderón

Por: Enrique Galván-Duque Tamborrel

En respuesta al reto del presidente Felipe Calderón, organizaciones defensoras de los derechos humanos documentaron y enviaron al jefe del Ejecutivo Federal, una carta en la que le presentan siete casos específicos de abusos militares en contra de ciudadanos civiles, incluso agentes policiacos. El documento es firmado por Abel Barrera Hernández, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan; Juliana G. Quintanilla, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos; A.C.; Juan Carlos Gutiérrez Contreras, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.; Luis Arriaga Valenzuela, del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C. y Raúl Ramírez Baena, director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C.
En la misiva que fue entregada en pasado martes en la residencia oficial de Los Pinos, las organizaciones citan dos casos recientes ocurridos en Baja California: El primero con fecha de junio pasado, que incolucra a Julio César Magdaleno Meza, policía ministerial arraigado y torturado en el cuartel militar ``Morelos``, Mexicali, Baja California y el segundo, ocurrido en abril de este año, relacionado con 25 policías municipales arraigados y torturados en el cuartel militar, ``Aguaje de la Tuna``, Tijuana, Baja California.
A continuación, Encuentro29.com publica íntegra copia de la carta: Sr. Felipe Calderón Hinojosa Presidente de los Estados Unidos Mexicanos PRESENTE Respetado señor, El 10 de agosto pasado, en el contexto del encuentro de mandatarios de América del Norte, celebrado en Guadalajara, Jalisco, usted realizó la siguiente declaración: ``En esa lucha por la seguridad de los mexicanos, por supuesto que tenemos como una condición inquebrantable la protección de los derechos humanos de todos, de las víctimas y de los propios criminales, así ha sido y así seguirá siendo la actuación de la Policía Federal, del Ministerio Público y de las fuerzas armadas. En todos los casos, en todos, ha habido un escrupuloso esfuerzo por proteger los derechos humanos y quienes señalen lo contrario están obligados a probar un caso, un solo caso en el que no haya actuado la autoridad, en que se hayan violado los derechos humanos, en que no hayan respondido las autoridades competentes para castigar a quienes hayan abusado de sus competencias legales, sean policías, sean soldados o cualquier otra autoridad.`` Con relación a su pronunciamiento y al llamado realizado en éste, las organizaciones abajo firmantes consideramos de vital importancia hacer de su conocimiento los siguientes siete casos de abuso militar ocurridos durante el año 2009 en el contexto de la lucha contra la delincuencia organizada, esperando por su parte una respuesta sobre las investigaciones que su gobierno ha iniciado para sancionar a los responsables de estos graves hechos.
1. Agosto de 2009. Dos jóvenes detenidos arbitrariamente y torturados por el Ejército en Cuernavaca, Morelos La Comisión Independiente de Derechos humanos de Morelos, AC recibió la queja presentada por los jóvenes Silverio Iván Jaimes Filio y Jorge Raúl Jaimes Jiménez, de 22 años y 23 años de edad respectivamente, por la detención arbitraria, confinamiento en instalaciones militares, tortura física y psicológica, amenazas de muerte y de violación sexual, amenazas contra familiares en caso de denuncia y robo de sus pertenencias, por lo que presentaron formal denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, turno Sector central-Juicios orales, quedando iniciada la Carpeta de Investigación SC01/6398/2009. Silverio Iván y Jorge Raúl refieren que el 14 de agosto del presente año, alrededor de las 10 de la noche, llegaron a un semáforo en un crucero. Se cruzaron con cuatro peatones, quienes les obligaron a frenarse y los comenzaron a golpear. A continuación llegó un camión Dina número 1004276 y elementos de una patrulla de la Policía Federal Preventiva, quienes cortaron cartucho y los obligaron a bajar del auto. Les dijeron que no sabían con quién se había metido, que eran del Ejército federal. Sin más, los subieron al camión, los aventaron boca abajo y se los llevaron. Los torturaron diciéndoles que los iban a matar, que los llevarían a Filo de Caballo y que los dejarían colgados boca abajo, que los aventarían al agua y que si decían que pertenecían al Ejército tomarían represalias contra su familia, pues ya conocían sus datos. Llegaron a un lugar que creen que era el Campo Militar, ahí los interrogaron torturándolos, exigiéndoles que les dieran el nombre de alguien que vendiera droga. ``Amenazaban con violarnos diciendo que nos iban a llevar con un negro bien grandote y nos pegaban con la rodilla en la espalda y también con una tabla, cortaban cartucho y nos dijeron que nos iban a aplicar descargas eléctricas en las manos y en las ingles. Y que si los denunciábamos nos iba a ir peor, que a ellos no les harían nada porque son militares.`` A Silverio Iván y a Jorge Raúl además, les quitaron todas sus pertenencias: dinero, celulares, documentos. Luego de haberlos torturado, al no obtener ninguna confesión, los dejaron en un paraje de “Monte Casino”, rumbo al municipio de Huitzilac- Morelos. ``De ahí nos fuimos a presentar la denuncia a la Procuraduría como a la 1:30 de la madrugada”, narró Silverio Iván a la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos. 2. Junio de 2009. Julio César Magdaleno Meza, policía ministerial arraigado y torturado en el cuartel militar ``Morelos``, Mexicali, Baja California En julio de 2009 la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos tuvieron conocimiento del caso del señor Julio César Magdaleno Meza, quien era agente de la policía ministerial del estado de Baja California, adscrito al grupo contra robo de vehículos de la ciudad de Mexicali. El 24 de junio el jefe de grupo de la policía ministerial, ``Soto Soto``, le informó al señor Magdaleno que se tenía que presentar en las instalaciones de dicha policía y que debía permanecer ahí hasta nueva orden, junto con otro compañero. Una vez ahí, se les ordenó entregar sus armas y se les informó que serían trasladados a la Dirección de Asuntos Internos en la ciudad de Mexicali para presentarlos en calidad de detenidos, sin explicar el motivo. Ya en la Dirección, una licenciada de nombre Nancy, agente del ministerio público, les comunicó que estaban ahí para declarar en calidad de testigos respecto a una privación ilegal de la libertad ocurrida el día 23 de junio y que podían retirarse del lugar. Al salir de la dependencia, se les comunicó que serían trasladados a la comandancia para una diligencia; en el vehículo que los trasladaría se intentó esposarlos. Al percatarse de que lo que estaba sucediendo era una detención ilegal, el señor Julio Magdaleno corrió a refugiarse a las oficinas de Asuntos Internos, sin embargo, la licenciada Nancy le dijo que era sólo un procedimiento de investigación y que tenía que acceder. Al llegar al retén militar ubicado sobre la carretera Mexicali – Tijuana, un vehículo del ejército mexicano con aproximadamente ocho soldados a bordo, portando armas de asalto, se unieron al convoy parar llevarlos al cuartel militar ``Morelos`` en la ciudad de Tijuana. Una vez en el cuartel, fueron llevados a un cuarto por elementos del Ejército y fueron sometidos a tortura, tratos crueles, degradantes e inhumanos: los hincaron y les taparon la cara, los ojos y parte de la nariz con cinta adhesiva, les amarraron las manos por detrás y les subieron la camisa a la cara. Poco después le ordenaron al señor Julio Magdaleno que se levantara y lo encaminaron otro cuarto en el que lo acostaron en un colchón pequeño, le vendaron los ojos, le pusieron algodón en las fosas nasales, le amarraron de pies y brazos con cinta adhesiva, lo taparon con una cobija y una persona le dijo: “a ver puto ahí te va esta madre” y le colocaron una bolsa en la cara para asfixiarlo y al quitarle la bolsa le preguntaban: “a ver hijo de tu puta madre ¿para qué cártel trabajas?”, a lo que el señor Magdaleno respondió que para ninguno. Lo volvieron a asfixiar varias veces y lo golpearon fuertemente en la cara y en el estómago al mismo tiempo, mientras le detenían las piernas. Al respecto, el señor Julio Magdaleno expresa: “me quitaron la bolsa después de varios segundos (…) torturándome una y otra vez con la bolsa, sintiendo (yo) una desesperación terrible (…), sentía simplemente que iba a morir, es algo que no le deseo a nadie, es terrible, éstas personas a las cuales nunca vi me obligaron con tortura a decir nombres de agentes de la policía ministerial que ni siquiera conozco bien, con los cuales no tengo ninguna relación más que laboral ”. Posteriormente el señor Magdaleno fue llevado a otro cuarto, en el que escuchó a alguien escribir en una computadora. Además, señala que para que no lo siguieran torturando tuvo que declarar en falso en relación a los hechos ocurridos el martes 23 de junio. Luego del interrogatorio, el señor Magdaleno fue subido a una camioneta, junto con el otro agente torturado, por agentes de Homicidios Dolosos de Tijuana. Después abordaron otro vehículo junto con agentes antisecuestros de Mexicali y fueron trasladados al Ministerio Público de Asuntos Internos para presentar su declaración ante la licenciada Nancy; ahí fueron asistidos por un abogado de oficio y declararon los hechos de tortura que vivieron en el cuartel militar. El día 25 de junio fueron liberados. Actualmente, el señor Magdaleno tiene secuelas físicas y psicológicas por las torturas sufridas en el cuartel militar. Asimismo, tuvo que huir de Mexicali ya que después del 25 de junio agentes del grupo antisecuestros comenzaron a buscarlo, a seguir a su esposa en la calle, a tomarle fotografías a su casa y a sus familiares. Además, fue suspendido de su trabajo argumentando “pérdida de confianza”. La denuncia de hechos fue presentada el 10 de julio pasado ante la delegación de la Procuraduría General de la República de la ciudad de Tijuana y ante la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, el 7 del mismo mes, todavía no se tiene respuesta de ninguna de las dos dependencias. 3. Junio de 2009. Ejecución Extrajudicial de Bonfilio Rubio Villegas, en Tlapa de Comonfort, Guerrero El 20 de junio del 2009, efectivos del 93 Batallón de Infantería con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, mataron al indígena nahua Bonfilio Rubio Villegas en un retén militar. Ese día, aproximadamente a las 22:30 horas, un retén militar ubicado en el crucero de Santa Cruz, Huamuxtitlán, Guerrero, ordenó la parada a un autobús de pasajeros que circulaba de Tlapa de Comonfort con dirección a Huamuxtitlán, en el Estado de Guerrero, en México. De acuerdo con las declaraciones por escrito de los militares ante el Ministerio Público, de fecha 21 de junio, el chofer del autobús se detuvo para ser revisado cuando elementos del ejército le solicitaron que parara. Los soldados instalados en el retén militar revisaron a todos los pasajeros del autobús, incluido al chofer. Uno de los pasajeros, un joven indígena de nombre Fausto Saavedra Valera portaba unas botas de tipo militar por lo que lo detuvieron. El chofer del autobús solicitó al ejército que anotaran en su libreta que el propietario del las botas quedaría a disposición del ejército. Al parecer, los soldados se habrían molestado porque el chofer se atrevió a cuestionarlos y a solicitarles que anotaran la detención de Fausto. Los elementos del ejército finalmente accedieron a anotar en la libreta del chofer que detenían a Fausto, y le indicaron al chofer que continuara su camino. El autobús emprendió su camino y a los pocos metros, los soldados comenzaron a disparar en contra del autobús lleno de pasajeros. El chofer declara que escuchó ruidos y que no imaginó que los soldados estuvieran disparando contra el autobús. Pero posteriormente se hizo un caos, la gente en el autobús comenzó a gritar “acelere chofer” otros gritaban “pare chofer”. Su instinto le dijo que tenía que acelerar para escapar de las balas. Varias balas alcanzaron al autobús y una asesinó instantáneamente al indígena nahua Bonfilio Rubio. El autobús tiene marcas de cinco proyectiles, los cuales provinieron de las armas de uso exclusivo del ejército pertenecientes a los soldados del 93 batallón de infantería. La Procuraduría General de Justicia del Estado revisó el autobús, encontraron sólo el cuerpo de Bonfilio, y de acuerdo con los reportes del expediente no encontraron nada anormal en el autobús, ni droga ni armas. Bonfilio tenía dos boletos de autobús, al parecer había perdido el autobús que salía más temprano, también tenía una ficha en la que se señalaba que había retirado de una cuenta de ahorro 20,000 pesos de Elektra que probablemente usaría para pagar al pollero (el dinero no se encontró). Posteriormente, el ejército detuvo al conductor del autobús y en un comunicado de prensa la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) acusó al chofer de “portar 10 kilos de mariguana” a pesar de que en la revisión realizada a las 22:30 cuando todos los pasajeros, incluido el chófer descendieron del autobús para ser revisados, los soldados no reportaron el hallazgo de droga. Posterior al asesinato de Bonfilio la PGJE revisó el autobús y tampoco reportó el hallazgo de droga. De acuerdo con la versión oficial de la 35 Zona militar de la SEDENA, “en un retén militar (…) le pidieron al chofer el autobús de pasajeros de la línea Sur con el número económico 45 que se parara, pero se negó y siguió su camino. Los militares hicieron disparos al aire para que el conductor del autobús se detuviera, pero continuó conduciendo y los soldados le dieron alcance diez minutos después sobre la carretera, donde se logró detener al chofer1”. No obstante, según las declaraciones de los propios soldados ante el ministerio público, el autobús se detuvo y fue revisado. Los proyectiles de bala en el autobús, por su parte, así como la bala en el cuello de Bonfilio son evidencia de que los disparos no fueron realizados al aire.
1 El Universal. “Ejército dispara contra autobús y muere pasajero en Guerrero” 22 de Junio de 2009. 4. Junio de 2009. Torturados, en Coyuca de Catalán, Guerrero El martes 9 de junio de 2009 cientos de militares irrumpieron en las comunidades de Puerto de la Ollas, Las Palancas y El Jilguero en el municipio de Coyuca de Catalán en la Sierra Madre del Sur que se encuentra en la región Tierra Caliente de Guerrero. El día siguiente, 10 de junio de 2009 llegaron a la comunidad refuerzos militares, sumando unos 500 efectivos, quienes aterrorizaron a la población durante cinco días; hostigando, amenazando, golpeando y torturando a hombres, mujeres, niños, ancianos y una persona discapacitada. Los testimonios de la población afirman que los soldados robaron y destrozaron propiedad. Asimismo, los testigos manifiestan que los soldados dispararon contra los hombres y varones adolescentes que se escaparon al monte para refugiarse. O. G., de 14 años, que no pudo escapar al monte fue torturado durante tres horas el día martes 9 de junio cuando arribaron los soldados. Los soldados le dieron toques eléctricos en el cuerpo, le vendaron los ojos, le taparon la cabeza con una bolsa de plástico, lo golpearon en diversas partes del cuerpo, y lo amenazaron con castración. Finalmente, los soldados lo dejaron en estado convulsivo por la tortura efectuada. C.A., de 33 años, quien sufre secuelas de un derrame cerebral desde hace 2 años, refiere que el ejército lo torturó y golpeó durante tres horas. Los soldados le picaron con agujas debajo de las uñas de los dedos de la mano, le dieron golpes con ambas palmas de mano en sus oídos, le cubrieron el rostro con una bolsa de plástico, le golpearon en las sienes y costillas, le amenazaron de toques eléctricos en pezones y con meterlo a la cárcel si denunciaba. Ambos casos ya se encuentran en proceso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 5. Abril de 2009. 25 policías municipales arraigados y torturados en el cuartel militar, ``Aguaje de la Tuna``, Tijuana, Baja California En abril de 2009 la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDHN) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) tuvieron conocimiento del caso de 25 policías arraigados durante 40 días en el 28vo Batallón Militar denominado ``Aguaje de la Tuna``, dependiente de la II Región Militar del estado de Baja California, donde fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de elementos del Ejército. Existen testimonios de puño y letra. Desde su detención hasta su traslado al penal de Nayarit, el proceso ha estado plagado de irregularidades: nunca supieron por qué fueron detenidos, no medió orden de aprehensión o flagrancia, fueron sometidos a actos de tortura para arrancarles confesiones y hacerlos firmar declaraciones que nunca pudieron leer, incluso hojas en blanco; con base en estos documentos se les inculpó de delitos que aseguran no haber cometido. Además, los acusados fueron víctimas de hostigamiento e incomunicación ya que fueron privados del derecho a realizar una llamada telefónica para dar aviso de su situación a sus familiares. Una vez que los familiares pudieron hacer contacto con ellos -7 días después de su detención en el cuartel militar-, sólo podían visitarlos por cinco minutos una vez a la semana, y durante las visitas siempre fueron vigilados por un soldado que anotaba sus conversaciones. En los primeros días de la detención se les nombró un defensor de oficio, quien incurrió en diversas irregularidades, viciando su derecho a una defensa adecuada. Luego de esas diligencias fueron obligados a firmar hojas previamente elaboradas, cuyo contenido desconocían. Los familiares interpusieron un amparo ante el Juzgado de Distrito en materia penal del Estado de Baja California en contra de la privación ilegal de la libertad de los 25 agentes; sin embargo, no fue concedido. Posteriormente se interpuso y concedió un amparo en contra de su traslado, pero las autoridades civiles y militares no hicieron caso de la decisión del juez, por lo que, custodiados por agentes de la PGR y militares armados, el 7 de mayo los 25 agentes arraigados, algunos esposados y otros amarrados de pies y manos, fueron obligados a subir a un avión Hércules, mientras sus familiares, impotentes y amenazados con armas, gritaban y lloraban ya que no sabían a donde los llevarían. 5/7 En abril los familiares interpusieron una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California. Posteriormente se presentó la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En mayo interpusieron una denuncia penal ante la Procuraduría de Justicia del estado de Baja California en contra del secretario de seguridad pública; hasta la fecha no han recibido respuesta. Dada la gravedad de la situación descrita, el 8 de mayo del presente año la CCDH y la CMDPDH presentaron una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) —con sede en Washington— en favor de los 25 agentes en cuestión, para que requiera al Estado mexicano adopte de manera inmediata las medidas necesarias que protejan la vida e integridad física, psicológica y moral de los 25 policías, así como de sus familias, y que evite que éstos continúen siendo sometidos a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes; que se revierta el estado de incomunicación en el que se encuentran y se permita la visita de sus familiares y abogados. Además, se solicitó a la CIDH que pida al Estado mexicano un informe detallado sobre sus condiciones de salud y su situación jurídica. 6. Abril de 2009. Desaparición forzada de Isaías Uribe Hernández, por presuntos militares, en Torreón, Coahuila El día 5 de abril de 2009, en Torreón, Coahuila, el médico veterinario, Isaías Uribe Hernández, salió con Juan Pablo Alvarado Oliveros, otro médico veterinario, en su camioneta a comprar agua y ya no regresó. Al día siguiente, su esposa, Claudia Soto Rodríguez, fue a casa de Juan Pablo, para preguntar por su esposo, pero la madre de éste no sabía nada de ninguno de los dos médicos. Junto con su padre, Claudia Soto buscó a Isaías en los separos de la policía municipal, en la Cruz Roja y en la morgue sin encontrarlo. Esa tarde, al platicar con vecinos del lugar donde se encontró la camioneta de Juan Pablo, supieron que alrededor de las 2:30 de la mañana se escucharon disparos, aparentemente derivados de una detención que realizaban militares, también escucharon a alguien gritar “párate cabrón, no corras pon las manos en la cabeza”. A la mañana siguiente los vecinos se dieron cuenta de quién era la camioneta, que tenía siete impactos de bala y rastros de sangre en los asientos; buscaron casquillos pero no había nada. Los peritos investigadores a su vez encontraron y aseguraron 40 casquillos, lo cual se contradice con los testimonios de los vecinos, quienes fueron los primeros en llegar al lugar de los hechos. Posteriormente, la madre de Juan Pablo, Claudia Soto y su padre se trasladaron a la Fiscalía del estado de Coahuila a presentar una denuncia, pero hasta la fecha no ha habido respuesta. El 6 de abril la familia de Isaías y la de Claudia fueron al Campo Militar La Joya para pedir información sobre el paradero de los médicos. Les llamó la atención que la persona que los atendió dijo llamarse de una forma mientras en su camisa ostentaba un nombre diferente. Esta misma persona les comunicó que ellos no los habían detenido y en repetidas ocasiones les reiteró: ``tengan paciencia y sean prudentes``. Al intentar presentar la denuncia ante la Procuraduría General de la República, ésta no la aceptó, declarándose incompetente sin referir motivo alguno. Se ha interpuesto denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El 1 de julio la Comisión de Derechos Humanos del Senado, a través de su presidenta la senadora Rosario Ibarra, presentó un punto de acuerdo por el que se solicitó a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Defensa Nacional que investiguen y esclarezcan la desaparición de Isaías Uribe Hernández. Se continúa a la espera de la respuesta. 7. Marzo de 2009. Ejecución extrajudicial de cuatro civiles, en las inmediaciones de Santiago de los Caballeros, Sinaloa. Elementos del ejército mexicano abrieron fuego la noche del miércoles 26 de marzo contra el vehículo en el que viajaban Edgar Geovanny Araujo Alarcón (28 años), Zenón Alberto Medina López (30 años), Manuel Medina Araujo (29 años) e Irineo Medina Díaz (53 años), Miguel Ángel Medina Médina (31 años) y Wilfrido Ernesto Madrid Medina (22 años). Los primeros cuatro murieron en el acto; los dos últimos resultaron heridos y fueron detenidos arbitrariamente. Las pruebas confirmaron que las víctimas no iban armadas ni realizaban ninguna conducta ilícita. Se trató de una privación arbitraria de la vida perpetrada por militares en contra de un grupo de civiles, violación grave a los derechos humanos y delito sancionado por la ley penal como homicidio. Los familiares de las víctimas en su carácter de ofendidos, desconocieron el estado que guardaba la averiguación previa abierta. Para el 29 de abril la autoridad civil ya había declinado la competencia para conocer los hechos en favor de la justicia militar y en este fuero se comenzó a integrar la averiguación previa 9ZM/017/2008. El viernes 4 de abril por la noche, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) dio a conocer un boletín en el cual afirmó que la Procuraduría General de Justicia Militar había consignado la averiguación previa ante el juez militar de la III Región Militar de Mazatlán, Sinaloa, en contra del teniente de infantería Víctor Ruiz Martínez, del cabo de infantería Antonio Rojas Reyes; del soldado de infantería Jorge Jiménez Castañeda; del soldado de infantería Misael Solano Muñoz; y del soldado de infantería José Francisco Balam May. Posteriormente la SEDENA informó que el juez militar de la III Región había dictado auto de formal prisión a sus elementos como probables responsables en la comisión del delito de violencia contra las personas causando homicidio, violencia contra las personas causando lesiones, homicidio imprudencial y lesiones imprudenciales. No se han conocido avances en estos procesos para llegar a una sentencia. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) integró el expediente de queja CNDH/2/2008/1287/Q. El 11 de julio de 2008 se hizo pública la recomendación 036/2008, relativa a los hechos, en la que se acreditan graves violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de las víctimas; concretamente, uso excesivo de la fuerza pública y de las armas de fuego; detención arbitraria; violación al derecho a la vida y a la integridad física; violación a los derechos de legalidad y seguridad jurídica. No obstante, la CNDH no se pronunció sobre la necesidad de juzgar a los responsables en el ámbito civil. Los familiares de las víctimas no tuvieron acceso al expediente de la causa y desconocen el avance del procesamiento de los responsables. En estas circunstancias, con la representación del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, FUNDAR Centro de Análisis e investigación y el Frente Cívico Sinaloense, acudieron ante la justicia federal para presentar una demanda de amparo en contra de la abdicación de competencia por las autoridades civiles y la asunción de la misma por las militares; en su demanda alegaron que la norma en que esos actos se fundamentaron es inconstitucional. Tres juicios de amparo fueron abiertos. Uno de ellos se desechó por notoriamente improcedente. Los otros dos, aunque se admitieron a trámite, se sobreseyeron. Frente a esta decisión, se interpuso el recurso de revisión y se solicitó que éste fuera atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ser resuelto. El 10 de agosto de 2009, en votación dividida, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó el sobreseimiento del amparo en revisión 989/2009, promovido por Reynalda Morales, viuda de Zenón Alberto Medina López, en el que se impugnaba la extensión del fuero militar a aquellos delitos que agravian a civiles y que constituyen violaciones graves a los derechos humanos. La mayoría de los ministros sostuvo que las víctimas no pueden solicitar a la justicia federal que revise si los militares son o no competentes para investigar violaciones a derechos humanos cometidas contra civiles. La decisión de la SCJN al cancelar la posibilidad de que las víctimas civiles de abusos militares acudan al amparo para evitar que los militares se juzguen a sí mismos cierra a las propias víctimas el acceso a un recurso efectivo y a la protección judicial pues les impide acceder a un tribunal independiente e imparcial. Con este fallo de la Suprema Corte queda cerrada la vía jurídica a todas las víctimas de abusos militares en el país, puesto que no existe ninguna otra figura legal o recurso interno a través de la cual sea posible demandar que se respete el derecho a una investigación y juicio independiente e imparcial por autoridades civiles en casos de abusos militares. Señor Presidente, las organizaciones no gubernamentales abajo firmantes, consideramos que los casos referidos son una muestra de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército mexicano en el contexto de la lucha contra el crimen organizado. Asimismo, la descripción de los hechos reafirma un patrón de conducta en el que se violan sistemáticamente diversos derechos: el derecho a un debido proceso, derecho la presunción de inocencia, derecho a una defensa adecuada y derecho a no ser obligado a declararse culpable y sin coacción; así como el sometimiento a tratos crueles, inhumanos y degradantes (tortura), privación ilegal de la libertad y desaparición forzada. De esta forma damos respuesta a su exhorto realizado el día 10 de agosto de 2009, y solicitamos de su parte una declaración puntual sobre el avance de las investigaciones y el castigo efectivo a los culpables, todo lo cual “constituiría un escrupuloso esfuerzo por proteger los derechos humanos”, tal y como Usted lo manifestó públicamente. Sin más por el momento, quedamos a la espera de su respuesta. Atentamente, Ccp. General Guillermo Galván Galván, Titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. General Jaime Antonio López Portillo, Director de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Fernando Francisco Gómez Mont Urueta, Titular de la Secretaría de Gobernación. Juan Manuel Gómez Robledo, Subsecretario para los Derechos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Alberto Brunori, Representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. José Manuel Vivanco, Director para las Américas de Human Rigths Watch. Santiago Cantón, Secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Manfred Nowak, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos, crueles, inhumanos y degradantes. Philip Alston, Relator Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Manuela Carmena Castrillo, Presidenta Relatora del grupo de trabajo sobre detención arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Encuentro29.com